Publicado el 20/07/2025 por Administrador
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La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia en Ecuador ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales y actores políticos. Promulgada por el presidente Daniel Noboa en junio de 2025, esta normativa otorga amplios poderes al sistema de inteligencia del Estado sin los contrapesos institucionales que garanticen la protección de libertades fundamentales.
La nueva ley crea un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) compuesto por siete subsistemas —militar, policial, tributario, aduanero, entre otros— y faculta a sus agentes para interceptar comunicaciones, acceder a datos de operadores de telefonía, rastrear localizaciones e incluso infiltrar organizaciones, todo sin necesidad de una orden judicial previa. Esta capacidad operativa ilimitada ha sido calificada por analistas como una “legalización del espionaje interno”.
El director del Centro de Inteligencia Estratégica, designado directamente por el Ejecutivo, dispondrá además de un presupuesto reservado de “gastos especiales” que no requiere rendición de cuentas ni control fiscal. Críticos afirman que esta opacidad abre la puerta a posibles abusos y al uso discrecional de fondos públicos en actividades de vigilancia política o social.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios, Inredh y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la ley viola derechos como la privacidad, la libertad de expresión, el debido proceso y el acceso a la información pública.
Uno de los aspectos más controvertidos es la ausencia de mecanismos de control judicial y parlamentario sobre las actividades de inteligencia. Al eliminar la necesidad de órdenes judiciales para acceder a datos privados, la normativa pone en riesgo la labor de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes, quienes podrían verse expuestos a vigilancia sin justificación legal.
La Sociedad Interamericana de Prensa también expresó su preocupación, señalando que el nuevo marco legal podría tener un efecto inhibidor sobre la prensa ecuatoriana, generando autocensura por temor a ser espiados. Según esta organización, el acceso sin límites a registros de llamadas, correos y movimientos físicos representa una amenaza directa al ejercicio del periodismo libre.
Desde el Gobierno, el discurso se centra en la necesidad de fortalecer el aparato de seguridad del Estado ante el contexto de “conflicto armado interno” declarado a principios de 2024. Noboa argumenta que la ley permitirá anticipar ataques del crimen organizado y aumentar la capacidad del Estado para enfrentar amenazas no convencionales, como las bandas narcotraficantes.
Sin embargo, expertos advierten que en la práctica esto puede traducirse en una vigilancia masiva, dirigida no solo contra estructuras criminales sino también contra actores incómodos para el poder. El riesgo, aseguran, es la conformación de una “policía política” amparada por la ley.
La preocupación se intensifica al considerar el historial reciente de militarización en el país. Bajo Noboa, se han declarado varios estados de excepción, se han desplegado militares en operativos urbanos y se han aprobado medidas que permiten allanamientos sin orden judicial. La ley de inteligencia se suma a este paquete de normativas excepcionales que, según Human Rights Watch, “erosionan las garantías fundamentales”.
La Corte Constitucional de Ecuador tiene ahora la última palabra. Su decisión definirá si la urgencia de seguridad puede justificar la supresión de controles democráticos o si, por el contrario, prevalecerán los principios del Estado de derecho.
Mientras tanto, la ciudadanía, los medios y los defensores de derechos humanos permanecen en estado de alerta. La preocupación no es solo jurídica: es política y ética. En la lucha contra la violencia, el país corre el riesgo de sacrificar las libertades que busca proteger.
